El Parlamento Andaluz acepta la toma en consideración de la proposición de Ley de caminos públicos rurales

El Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer la toma en consideración de la proposición de Ley presentada por el Grupo Socialista para regular los caminos públicos rurales de Andalucía y garantizar su protección y conservación, en la que se incluye un régimen sancionador que contempla multas de hasta algo más de 120.000 euros. La iniciativa ha contado con el apoyo de los grupos Podemos e IULV-CA para su tramitación, mientras que el Popular y Ciudadanos se opusieron.
En defensa de la iniciativa, el diputado del Grupo Socialista Julio Millán indicó que los caminos públicos rurales de la comunidad autónoma son parte integrante del dominio público viario andaluz que tiene en la actualidad más funciones y usos que la tradicional de comunicación. La proposición de Ley, que ahora seguirá su tramitación en comisión parlamentaria, tiene por objeto definir el régimen jurídico, la clasificación, los usos y compatibilidad, titularidad y competencias de los caminos de titularidad pública que discurren por territorio andaluz, determinando su titularidad y estableciendo los procedimientos de construcción, conservación y explotación de los mismos, así como las normas sobre su uso, protección y defensa.
La Federación Andaluza de Montañismo estuvo representada por el presidente, Julio Perea Cañas, y el Vocal de Medio Ambiente, Antonio Joaquín Sánchez Sánchez, quien valoró de forma "muy positiva esta toma en consideración de la proposición de Ley de caminos públicos rurales, que ya no solo es beneficiosa para la FAM, sino para otros colectivos como ecologistas, jóvenes agricultores y otros colectivos sociales". Y matiza que "la Ley, según se ha informado en el Pleno, es mejorable, pero sí se ajusta perfectamente a Ley". El vocal de Medio Ambiente de la FAM subraya que "la idea u objetivo es poner un orden en las usurpaciones de caminos públicos e incluso poner en marcha un procedimiento sancionador". En Baleares esta Ley ya está en vigor.